COVID-19 Y RESPONSABILIDAD PENAL DE NUESTROS POLÍTICOS
Olvidan con frecuencia nuestros políticos que solo son hombres, y que el desfile de sus triunfos sacando pecho en la manifestación del 8-M, dirigiendo –por egoísmo mal gestionado– a miles de personas inocentes a una muerte anunciada o al padecimiento de lesiones graves, cuando ya nos habían advertido de esta devastadora pandemia, tiene un precio. Y aquí estamos, formateando nuestras vidas, como si todo fuera parte de las reglas del juego, pero todo esto pasará y les llegará inevitablemente el recordatorio a corto, medio o largo plazo, y algunos tendrán que pagar una factura con un precio muy alto. Y digo “algunos” porque todos los que nos dedicamos al mundo jurídico sabemos, que existen muchos responsables que, con descarada cobardía, se intentarán lavar las manos de los miles de muertos, con una media de 800 fallecidos al día y miles de ingresados en la UCI, que, o morirán o sufrirán grandes lesiones pulmonares. No pueden engañar más nuestra sabiduría, y mucho menos tienen derecho a hacernos callar cuando todo esto pase.
Van por el mundo fingiendo ser intocables; y es normal, les juzgará la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Una de las vergüenzas calladas de nuestro país es la politización de estas Salas, y es que, si bien es cierto que la presiden grandes profesionales, también lo es que el presidente de la Sala Segunda es elegido por el Consejo General del Poder Judicial y, que dicho Consejo –no seamos inocentes– está formado por magistrados y juristas elegidos por nuestros políticos. Lacónicamente, de entre los veinte miembros que componen el Consejo General del Poder Judicial, diez vocales los elige el Congreso y, de estos diez, seis miembros son elegidos entre jueces y magistrados, y los cuatro restantes, entre abogados y otros juristas de reconocido prestigio. El Senado hace lo mismo con los otros diez miembros restantes. Se trata, en resumen, de asumir con indignación que los responsables de esta imprudente matanza, si logramos que sus actos no se escurran como agua entre los dedos, serán juzgados por una antigua y “politizada justicia”.
Hace un par de semanas que me llueven mensajes de todo tipo, pero entre ellos, recibo mucha indignación sobre los responsables políticos. Hay quienes me peguntan si pasada la sombra del Covid-19, habrá responsabilidades penales. Una duda acertada, pero si de algo podemos presumir, a diferencia de las personas que se olvidan pronto de aquello que la vida les arrebata, es que el castigo penal llega, como digo yo, a pata coja, pero te acaba atrapando.
Cuando suene la hora de volver a las calles, será el momento de poner la maquinaria judicial en marcha, y todos estos actos tienen encaje en varios delitos. El primero de ellos, dentro de nuestro artículo 142 del Código Penal, bajo el título de homicidio imprudente; dicho artículo castiga con pena de prisión de uno a cuatro años a aquellos que, por imprudencia grave, causen la muerte de otro y, en este caso, serán responsables de tantos homicidios imprudentes como fallecidos. No veo nada más grave y traumático que por parte del Gobierno se tuviera conocimiento desde el pasado 30 de enero, a través del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional, el cual, declaró el coronavirus como una emergencia de salud pública internacional, y teniendo en España el 1 de febrero el primer caso de coronavirus, aun así, decidieran aclamar y autorizar una multitudinaria manifestación como la del 8-M, desobedeciendo así las recomendaciones internacionales. Suena incluso a burla.
Por otro lado, aquellos que superen este virus, quedarán expuestos a lesiones graves en su sistema inmunitario y también en sus pulmones; lesiones éstas que encuentran su baluarte en el artículo 152.1. 2º del mismo texto legal, bajo el título de lesiones imprudentes, castigando con pena de prisión de uno a tres años al que por imprudencia grave cause la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal, la impotencia, una grave deformidad, o una grave deformidad somática. Aviso a navegantes, la clave de bóveda girará en saber quién tenía conocimiento directo de los informes, pero no olvidemos, que la responsabilidad penal en las estructuras organizadas como son las Administraciones Públicas, se extiende vertical y horizontalmente. Sálvese quien pueda. No seré yo quien desate la guerra de las querellas, o sí, quién sabe. Pero lo que sí es cierto, es que actualmente sufrimos un mal imparable, por culpa de esta droga tan poderosa que tiene enganchados a nuestros políticos, el poder y la codicia, donde la línea general es jugar al “yo más”, adultos con sonrisas envenenadas que actúan como niños, en los que su carencia de poder los convierte en esclavos.
Publicado en el periódico el Mundo Baleares:
https://www.elmundo.es/baleares/2020/04/06/5e8af1a721efa07f558b4636.html